Cynthia Petion y Eddie Petion: Audio El Sistema Federal Justicia en los Estados Unidos #75
Establecer un marco general para decidir si una creencia religiosa puede prevalecer sobre las leyes y políticas generales ha sido un desafío para la Suprema Corte. En las décadas de 1960 y 1970, el tribunal resolvió dos casos en los que planteó una prueba general para resolver casos similares en el futuro. Tanto en Sherbert v. Verner, un caso que trata de compensación por desempleo, como Wisconsin v. Yoder, que trataba del derecho de los padres amish a educar en casa a sus hijos, el tribunal dijo que para que una ley pueda limitar o cargar una práctica religiosa, el gobierno debe cumplir con dos criterios.
Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972).
Debe demostrar tanto que tenía un “interés gubernamental imperioso” en limitar esa práctica como que la restricción estaba “ajustada de manera estricta”. Es decir, debe demostrar que había una muy buena razón para la ley en cuestión y que la ley era la única forma factible de lograr ese objetivo. Este estándar se conoció como la prueba de Sherbert. Dado que la carga de la prueba en estos casos recayó en el gobierno, la Suprema Corte hizo muy difícil que los gobiernos federal y estatal hicieran cumplir leyes contra individuos que infrinjan sus creencias religiosas.
En 1990, la Suprema Corte tomó una polémica decisión que redujo sustancialmente la prueba de Sherbert en la División de Empleo v. Smith, más popularmente conocido como “el caso del peyote”.
División de Empleo, Departamento de Recursos Humanos de Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990).
Este caso involucró a dos hombres que eran miembros de la Iglesia Nativa Americana, una organización religiosa que utiliza la planta de peyote alucinógena como parte de sus sacramentos. Después de ser detenidos por posesión de peyote, los dos hombres fueron despedidos de sus trabajos como consejeros en una clínica privada de rehabilitación de drogas. Cuando solicitaron prestaciones por desempleo, el estado se negó a pagar con base en que habían sido despedidos por razones laborales. Los hombres apelaron la denegación de prestaciones e inicialmente tuvieron éxito, ya que los tribunales estatales aplicaron la prueba Sherbert y encontraron que la negación de las prestaciones por desempleo agobiaba sus creencias religiosas. No obstante, la Suprema Corte dictaminó en una sentencia 6—3 que no debía aplicarse la norma del “interés gubernamental imperioso”; en cambio, siempre que la ley no estuviera diseñada para apuntar en particular a las creencias religiosas de una persona, no correspondía a los tribunales decidir que esas creencias eran más importantes que la ley en pregunta.
En la superficie, un caso que involucra a la Iglesia Nativa Americana parece poco probable que despierte mucha controversia. Pero debido a que reemplazó la prueba Sherbert por una que permitía una mayor regulación gubernamental de las prácticas religiosas, los seguidores de otras tradiciones religiosas se preocuparon de que las leyes estatales y locales, incluso las neutrales en su rostro, pudieran ser utilizadas para reducir sus prácticas religiosas. En 1993, en respuesta a esta resolución, el Congreso aprobó una ley conocida como Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), a la que le siguió en el año 2000 la Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas luego de que parte de la RFRA fuera revocada por la Suprema Corte. Además, desde 1990, veintiún estados han aprobado RFRA estatales que incluyen la prueba Sherbert en la ley estatal, y las decisiones de los tribunales estatales en once estados han consagrado la interpretación imperiosa de interés gubernamental de la prueba Sherbert de la cláusula de libre ejercicio en derecho estatal.
Juliet Eilperin, “31 estados han intensificado las protecciones a la libertad religiosa”, Washington Post, 1 de marzo de 2014. www.washingtonpost.com/blogs/... gious-freedom/. Tres estados más aprobaron RFRA estatales en el último año.
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